La ley Micaela representa la sublimación del dolor. La tragedia de una violación seguida de femicidio a la entrerriana militante del Movimiento Evita agitó a sus compañeras para que se sancionara la normativa que lleva su nombre.
Desde el año 2017, el Estado recibe capacitaciones, concientizaciones y sensibilizaciones en materia de género en todos sus estratos, para personal de todos los sectores, sin importar si forman parte de la planta permanente.
La potencia transformadora de esta legislación, no conforme con llegar al Estado nacional, se fue ampliando y ramificando. Tal es el caso que ha llegado, por ejemplo, a muchas instituciones deportivas argentinas.
Los femicidios siempre ocurrieron, pero a partir del movimiento “Ni Una Menos” cobraron gran visibilidad mediática y fueron nombrados como corresponde. La etiqueta de “crimen pasional” mutó, de manera unánime, a la de “femicidio”.
Como señalan los feminismos, lo que no se nombra no existe. Sin embargo, por supuesto que no alcanza con una palabra disparadora de sentido. Aun hoy, los medios de comunicación culpan a las víctimas que padecen violencia de género.
La criminalización de la víctima siempre viene de la mano de la justificación del agresor. En esa línea, sobran las ocasiones en las que la prensa fomenta la cultura de la violación, por ejemplo, con preguntas estériles sobre el accionar de quienes la sufren.
Claro que no es lo mismo aplicar la ley Micaela al Estado que proyectar llevarla a los medios de comunicación, que en su mayoría son empresas y que en algunos casos son cooperativas. La línea editorial da la pauta de en qué casos los medios son permeables a la ley Micaela.
No obstante, no es utópico que la ley Micaela arribe en la prensa. El periodismo construye sentidos y, sin un abordaje responsable y comprometido con la perspectiva de género, paulatinamente va perdiendo audiencia. Quienes levantaron las banderas de Micaela García y conquistaron esta ley saben que el límite es el cielo.