El debate por la salud mental en Argentina se volvió a poner sobre la mesa con el caso del cantante Santiago “Chano” Charpentier al que, tras haber sufrido un brote psicótico, un policía bonaerense baleó en el abdomen.
La causa revolucionó a todo el país y ahora se abrió la discusión en torno a la salud mental. Pero ¿qué dicen las leyes argentinas sobre estos casos?
Sancionada en 2010 y promulgada en 2013, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 establece el tratamiento específico para personas con trastornos de salud mental.
La ley establece las bases para el tratamiento de las personas, además de hacer gran hincapié en los derechos humanos de los pacientes.
Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 establece que “se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas”
Así, establece que las personas que sufran de un trastorno de salud mental, pueden:
- ejercer todos sus derechos civiles, tales como votar, trabajar, casarse, disponer y tomar decisiones sobre su vida;
- poseer una propiedad, recibir una herencia y manejar dinero;
- iniciar un juicio de restricción a la capacidad jurídica si consideran que, en este ejercicio libre de sus derechos, podría llegar a producir un daño a su persona o a sus bienes; en ese caso, la persona tiene derecho a contar con un abogado y se le debe asignar una persona o un grupo de personas que funcionen como apoyo. En caso contrario, el Estado tiene la obligación de brindarte apoyo a través del Ministerio Público de la Defensa.
Fuente: (Ministerio de Salud).
En cuanto al tratamiento de las personas, la ley establece que tienen derecho a:
- tratamiento gratuito;
- que se respete la identidad, orígenes, historia e identidad de género;
- tratamiento con fundamentos científicos;
- pedir copia de la historia clínica.
Tratamiento que deben tener las personas en casos de crisis
La ley deja establecido que:
- El servicio de salud debe contar con un equipo compuesto por profesionales de varias disciplinas, en el que haya al menos un médico o una médica o un psicólogo o psicóloga.
- Si el equipo considera que en ese momento que la mejor opción es una internación, lo van a proponer y,si la persona acepta, es considerada voluntaria.
- Si la persona se niega a la internación, y el equipo considera que eso pone en riesgo su vida o la de otras personas, pueden decidir una internación involuntaria.
- Esta internación tiene que durar solamente hasta que la persona salga de esta situación de riesgo y no debe prolongarse por otros motivos, como podrían ser no tener familia, dinero o una casa donde ir a vivir.
- Dentro de las 48 horas de producida la internación, los profesionales tienen que brindar información completa, clara y precisa acerca de cómo evaluaron la situación.
- Deben informar también sobre cómo creen que puede seguir la situación, para que la persona o su representante legal, firmen un documento llamado "Consentimiento Informado".
- Las internaciones involuntarias, y todas las internaciones de niños, niñas y adolescentes (menores a 18 años), son controladas por un juez o jueza y por el Órgano de Revisión desde el momento en que se producen. También las internaciones voluntarias después de los primeros 60 días.
- Si la internación fue involuntaria la persona tiene derecho a tener un/a abogado/a defensor/a que ella o su familia o allegados/as propongan, o que el Estado lo asigne.
- Si la internación involuntaria se prolonga por más de 90 días, el/la juez/a solicitará al Órgano de Revisión una evaluación interdisciplinaria independiente.