La pandemia de la COVID-19 azotó a la economía del país (y de casi todo el mundo) y, como suele suceder, uno de los sectores que mas sufrió es el de los adultos mayores.
El Estado ideó, como forma de paliar la emergencia, tres ayudas: el Programa de Recuperación Productiva II (Repro II), el Potenciar Trabajo y la extensión de la Tarjeta Alimentar. Ninguno de estos beneficios le llega a las y los jubilados.
En este sentido, y en diálogo con Radio Universidad, Eduardo Santín —presidente del Instituto de Provisión Social de la Provincia de Buenos Aires— dijo: “El tema de los medicamentos es complejo porque el único objetivo de los laboratorios es la renta, por lo que el Estado tiene que ver eso”.
De acuerdo con los estudios del INDEC, el sector de la Salud Privada es el que más subió precios en el último año. “El Estado tiene que ver este tema, y es muy importante la acción que generan IOMA y PAMI para garantizar la canasta básica de medicamentos a los jubilados”, aseguró, y añadió: “Pareciera que, en definitiva, las grandes empresas y los laboratorios usan la pandemia para enriquecerse”, dice Santín al respecto.
Sobre el rol del Estado ante el injusto trato del sector empresarial sobre los que menos tienen, agregó: “Las empresas productoras de alimentos están fuertemente concentradas y dan pelea para que no las controlen. Cuando el Estado se pone firme en algunas situaciones, sienten que les tocan el bolsillo, cuando ellas les tocan el bolsillo a la sociedad todo el tiempo”.
Por último, afirmó: “En Argentina, el 93 o 94 por ciento de los adultos mayores tiene algún tipo de cobertura. Es más preocupante la situación de los niños que están por debajo de la línea de pobreza y que están más descubiertos”.