De cara al invierno, donde más de 16 millones de personas no cuentan con el servicio de gas por redes y se encuentran en situación de vulnerabilidad, el Gobierno Nacional elaboró un proyecto de ley para que las garrafas sean accesibles para todos y que tengan la misma tarifa a lo largo y ancho de la Argentina.
Este proyecto, con el objetivo de promover el servicio y llegar a los sectores más postergados, pretende declarar las garrafas como servicio público, regulado por el Estado.
El escrito indica que aquellos que utilizan garrafas están sujetos al precio que imponen los vendedores, y terminan gastando hasta un 50 por ciento más del dinero que los usuarios residenciales.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo no solo del frente de Todos, sino también con el de Juntos por el Cambio y de los movimientos sociales, quienes se expresaron en el debate de la ley para ampliar el alcance de las tarifas reducidas de gas en zonas de bajas temperaturas.
Una larga batalla
En diálogo con Página12, Silvia Jensen, integrante de la Red Nacional de Multisectoriales —quien batalla hace años por profundizar la regulación del sector—, manifestó que los precios van variando según los distintos puntos del país y que eso no debería suceder.
Los precios al público son muy distintos en cada ciudad. La garrafa de 10 kilos se está pagando a 600, 800 y hasta 1200 pesos en diferentes puntos del país. El único lugar donde se consigue al precio oficial es en los depósitos de fraccionadoras y distribuidoras.
¿Quiénes necesitan garrafa?
Los hogares de quienes trabajan para la economía popular no suelen contar con instalaciones de gas, y son los que necesitan de una garrafa. Estos trabajadores, en general, tienen menos poder adquisitivo y necesitan de la ayuda del Estado para poder mantenerse calientes durante el crudo invierno argentino. Por este motivo, es esencial que se regulen los precios de las garrafas.
“Pero son pocos en relación a las necesidades de la demanda. En un radar de tres o cuatro municipios, por ahí hay un solo lugar. Entonces la gente termina comprando en el comercio del barrio o a los garraferos que hacen la distribución, y los valores son cualquier cosa”, insistió Silvina Jensen, en referencia a esta problemática y al apoyo del proyecto del ley.