En 1990 se sancionó la Ley 23.798, a la que se llamó Ley Nacional del Sida. Ya pasaron 30 añosl y el contexto social, político y cultural ha cambiado de manera drástica y es por eso que se busca modificar y renovar esta ley.
A finales de octubre de este año, se presentó un escrito de 24 páginas que pretende renovar la vieja ley y modificarla para que tenga una perspectiva más social y de derechos humanos.
No es la primera vez que se presenta una modificación a la Ley 23.798. Ya en 2016 y en el año 2018 se intentó cambiarla, con el nombre de proyecto de ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS.
Ahora, con estas dos presentaciones rechazadas, se buscó el apoyo de la sociedad civil para tener más fuerza a la hora de presentar las modificaciones y se consiguió el apoyo de 40 organizaciones de todo el país para conseguir que se actualice la nueva ley.
Aquí las principales modificaciones para la Ley 23.798
- Cambio de enfoque: la perspectiva que se propone para modificar la ley es la de derechos humanos y de género. Lo que se quiere dejar atrás es el enfoque biomédico de la ley, y poner el foco en la eliminación de los estigmas sociales e investigar las causantes sociales del VIH/ SIDA.
- Prohibición del test de VIH, Hepatitis, TBC e ITS para ingresar a un puesto de trabajo, en los exámenes médicos preocupacionales.
- Implementación de Pensiones no Contributivas para personas con VIH y Hepatitis B o C que tengan necesidades insatisfechas.
- Provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus por transmisión vertical y para otras poblaciones clave como mujeres, personas trans, travestis y no binaries, etc.
- Creación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, TBC e ITS integrada por distintos ministerios, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema.
- Extensión de la provisión de leche de fórmula hasta los 18 meses (antes llegaba solo a los 6 meses) para bebés de madres positivas.
- Creación del Observatorio Nacional de Estigma y discriminación en la órbita del INADI, en la búsqueda de que no se pueda utilizar la infección por VIH, Hepatitits B o C, TBC o cualquier ITS para impedir el ejercicio de los derechos.