La denuncia por violencia de género a un policía en Santa Lucía, Corrientes, derivó en la inmediata prohibición de acercamiento del agentes hacia la víctima; además, deberá realizar un tratamiento psicoterapéutico e iniciar una capacitación en la Ley Micaela.
La víctima tiene 17 años y su padre denunció al agresor, de 29 años, con el que ella vivía desde hacía 10 meses. La adolescente le contó al padre que había sido violentada a goles de puño en el rostro y en otras partes del cuerpo, luego de una discusión, en un ataque machista por los "celos" del agresor.
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Menores y de Paz de Santa Lucía, provincia de Corrientes, a cargo de Daniel Azcona, resolvió restituir a la adolescente al cuidado de su padre en un paraje rural de Lavalle.
El juez ordenó la inmediata prohibición de acercamiento del agente policial a una distancia no menor de 500 metros de la víctima por tiempo indeterminado y de todo otro lugar donde desarrolle sus actividades.
Azcona ordenó la intervención de la Asesoría de Menores de la Ciudad de Goya y fundamentó su resolución en el llamado “Bloque de Constitucionalidad”. Tal bloque está constituido por la Constitución Nacional Argentina y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre los que se destaca la “Convención Para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.
Sin contar con elementos de prueba contundentes y necesarios que permitan inferir la existencia de los daños relatados, Daniel Azcona decidió evitar unan posible daño aún más grave. "El magistrado no debe dejar pasar esta situación ni permitir una demora que conlleve un hecho desgraciado y evitable", apuntó.
“Con la sola verosimilitud de la denuncia y la existencia de una sospecha de maltrato, la jurisprudencia nos permite dar un amparo urgente a quienes son víctimas de violencia familiar y de género”, indicó.
Estas disposiciones “operan como una herramienta útil y eficaz, otorgando la posibilidad de dar una respuesta urgente frente a un requerimiento, cuando media una situación de peligro para alguno de los integrantes del grupo familiar”, señaló el juez.