La Federación Argentina de Empleados de Comercio cerró su paritaria de reajuste con un 9 por ciento de aumento y un bono de 4000 pesos para los trabajadores mercantiles que se encuentren oficialmente contratados. El acuerdo se alcanzó con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).
Los representantes gremiales y empresarios habían reabierto las negociaciones ante el reclamo de los trabajadores por la brusca alteración que provocó la pandemia en el contexto económico. El 9 por ciento acordado comenzará a cobrarse a partir de noviembre de este año. Además, en agosto se cobrará por única vez un bono de 4000 pesos bajo la denominación de "gratificación extraordinaria".
Una vez concluida la cita fijada por el Ministerio de Trabajo, el representante gremial, Armando Cavalieri, sostuvo: "A través de la vía del diálogo como herramienta superadora y por medio de una discusión madura hemos firmado un actualización del convenio para llevar alivio y contrapesar el proceso inflacionario"
Los nuevos acuerdos se complementarán con lo alcanzado en las últimas negociaciones de este año, con aumentos del 8 por ciento para mayo, septiembre, enero y febrero. En la suma con el reajuste logrado, la suba en el salario se podrá calcular en un 42 por ciento.
La aplicación de la cláusula de garantía que hemos puesto sobre la agenda de la discusión se ha erigido, sin dudas, como un mecanismo eficaz para proteger el ingreso de bolsillo de nuestros afiliados
El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2022. También, las partes se comprometieron a reunirse en enero de 2022 para evaluar la situación general de los empleados de comercio con respecto a la inflación.
La paritaria de los mercantiles marca el pulso de buena parte del arco gremial, y se toma como referencia ineludible por las consecuencias del establecimiento de monto para el sector. Considerada por algunos especialistas como la negociación de salarios más importante del país, pone en juego los ingresos de apróximadamente 1,2 millones de familias argentinas en forma directa.