La causa del envío ilegal de armas desde el Gobierno de Mauricio Macri a Bolivia, con lo que se colaboró con el golpe de Estado contra Evo Morales, continúa dando que hablar. Es que, a las pruebas encontradas hace algunos días, ahora se sumó la salida de la investigación por parte del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart.
El mencionado juez, quien estaba al frente de este hecho e investigaba, no solo al expresidente si no también a Patricia Bullrich, comunicó que se apartaba ya que se declara incompetente para seguir interviniendo en la denuncia.
La decisión tomada por Javier López Biscayart se basa en que considera que le corresponde a su colega Alejandro Catania seguir adelante con esta investigación —en el juzgado en lo Penal Económico 4 fue en donde se se presentó la primera denuncia sobre la causa—. Es por eso que ahora Catania debe decidir si acepta quedarse con la denuncia. Dentro de este contexto, el juez explicó:
La declinación de competencia que se decide no determina un grave retraso para la investigación de los hechos denunciados
La denuncia del Gobierno de Alberto Fernández
Por medio de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación, y también de la Administración Federal de Ingresos Públicos, se llevó adelante la denuncia de que, en noviembre del año 2019, Mauricio Macri, al frente del Gobierno nacional, envió armamento a Bolivia para colaborar con el golpe de Estado contra Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez.
A su vez, desde la Cancillería de Bolivia se dio a conocer, días atrás, una nota firmada por un militar boliviano. En ella, le agradece al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, el envío de material bélico, entre los que había armas y municiones.
El 16 de julio de este año, el Fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial imputó a Mauricio Macri y a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por estas acciones que presentaron una gran cantidad de irregularidades. También se imputó al exministro de Defensa, Oscar Aguad, al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, y a tres gendarmes.