El decreto 516/2021, publicado en el Boletín Oficial hoy, 14 de agosto, reglamenta la ley nacional N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La ley es un derecho conquistado y sancionado en diciembre de 2020, y promulgado el 14 de enero de 2021.
La reglamentación de la ley se propone fijar diversas pautas para respaldar la aplicación de la IVE en todo el territorio nacional, garantizando el derecho en “condiciones de igualdad”, como indica Télam: en este sentido, por ejemplo, explica que no es necesario ningún tipo de autorización judicial para acceder a la práctica. A su vez, indica que la objeción de conciencia no puede aplicarse si se trata de un caso de emergencia.
En síntesis, se trata de respaldar el protocolo y establecer la responsabilidad institucional para que el acceso a IVE hasta la semana 14 se garantice, así como también la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales.
Como se explica en el documento: "A partir de la sanción de la ley que por este decreto se reglamenta, la REPÚBLICA ARGENTINA comienza a desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad y a recorrer el de la justicia social, el respeto a la autonomía y el ejercicio de derechos como respuestas democráticas y constitucionales para que las mujeres y las personas gestantes tengan los mismos cuidados y condiciones, cualquiera sea la jurisdicción en la que habiten, su nivel socioeconómico y el sistema de salud donde se atiendan".
Fuente: (Televisión Pública).
El sector público de la salud, así como también obras sociales y medicina prepaga, tiene responsabilidades y obligaciones para garantizar no solo el acceso a la IVE, sino también la atención luego de la práctica. En este sentido, deben asegurarse recursos y personal de salud para la realización.
Como el medio citado explica, se reafirma que, por ley, todas las mujeres y personas gestantes tienen el derecho a una IVE sin ninguna autorización judicial. Pueden acceder hasta la semana 14 de gestación, con un consentimiento informado. Dicho consentimiento debe poder ser comprendido por todos y todas: en este sentido, por ejemplo, debería estar disponible en audio o en braille, o en cualquier formato que la persona necesite.
Por otro lado en relación con la ley, se reafirma el deber de respetar el derecho a la confidencialidad y no podrá entregarse información clínica, a excepción de que exista una orden judicial. El personal de salud, a su vez, no puede obstaculizar, presionar o interferir engañosamente en la decisión de quien desee acceder a la IVE.
Si es una situación de violencia de género, el personal de salud tiene que entregar información a las víctimas sobre sus derechos, recursos de atención, canales para denunciar penalmente y asesoramiento.
Sobre la objeción de conciencia, se aclara que el personal de salud “no podrá negarse” a la realización de la interrupción del embarazo si se trata de un caso de emergencia que deba realizarse de manera urgente, ya que puede poner en riesgo la salud o la vida de la persona gestante.