Desde fines de 2015 hasta marzo de este año, el Gobierno de CABA pagó más de 12 mil millones de pesos a cuatro empresas de seguridad privada, encargadas de vigilar dependencias y bienes gubernamentales
Una de esas empresas, Murata S.A., fue denunciada en 2018, en medio del escándalos de los aportantes truchos para las campañas electorales de Cambiemos de 2015 y de 2017.
En diálogo con Página/12, el diputado porteño por el Frente de Todos (FDT) Matías Barroetaveña afirmó: "Se contrata seguridad privada para un servicio que podría prestar la seguridad pública", y agregó que "son más de 12 mil millones de pesos que demuestran las prioridades de la gestión".
El diputado presentó un pedido de informes a la legislatura por las posibles irregularidades en la contratación, como resoluciones y decisiones administrativas que no fueron publicadas en el Boletín Oficial.
La denuncia
La empresa Murata S.A., presidida por Roberto Raglewski, excomisario de la Policía Federal, fue denunciada por diversos motivos en distintas situaciones, como en 2018, cuando un grupo de trabajadores reveló que los usaron para las campañas de Cambiemos de 2015 y de 2017.
En aquella ocasión hubo una investigación judicial. Una exempleada de la empresa, Brenda Osso, en entrevista con Perfil, denunció que ella y 11 trabajadores más fueron parte de la farsa de los aportes truchos, ya que los utilizaron para blanquear el dinero de la campaña.
Osso figuraba en la lista de aportantes con $95.000. "Ni siquiera ganaba la mitad de lo que decían que había donado", apuntó. Además, contó que habló con la tesorera de la empresa para pedirles explicaciones. "Me negó que ellos hubiesen entregado una lista con nuestros nombres", afirmó Osso en aquel entonces, durante 2018.