Probablemente, de la pandemia no salgamos mejores, ni más solidarios y solidarias. Pero la crisis sanitaria mundial, que conllevó un turbulento panorama económico, en Argentina ofició de puntapié para alentar la puesta en marcha de cooperativas de trabajo.
El Gobierno lanzará un sistema crediticio no bancario para la economía popular, como un síntoma, entre tantos, de no haberle soltado la mano a los sectores más vapuleados por la pandemia.
El beneficio está orientado a cooperativas, mutuales de consumo y empresas recuperadas por laburantes; el objetivo es formalizar la economía social y mejorar los ingresos de sus trabajadoras y trabajadores.
Las construcciones cooperativas demuestran la veracidad de esa frase tan dicha por el oficialismo, especialmente durante la pandemia: nadie se salva solo.
La semana pasada, Pablo Chena, militante del Movimiento Evita y director de Economía Social, publicó información acerca de que, en Argentina, el 41,3 % de trabajadores ocupados (7,27 millones de personas) se desempeña en la economía no formal.
Ya en su asunción presidencial, Alberto Fernández había dedicado un apartado a la problematización del desempleo y del empleo informal. Es un deber ético que el Estado dé respuestas a la desigualdad de acceso al trabajo, que debería ser un derecho.
Por tal motivo, se recibe como un acto responsable y esperanzador para la economía popular que el Gobierno nacional le otorgue créditos no bancarios.