La decisión del Gobierno Nacional —de tomar el control de la red fluvial— cosechó celebraciones y críticas.
El Estado estará a cargo del dragado y del balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y al sector privado no le gustó mucho la noticia; sin embargo, hubo referentes políticos que acompañaron la iniciativa.
Durante un año, la red estará en mantenimiento para gestionar una licitación internacional. Ese destino para la hidrovía se estableció en el marco de este año electoral, donde hay intereses irreconciliables entre actores involucrados, y aun hasta dentro del oficialismo mismo.
La alternativa fue publicada en el Boletín Oficial el miércoles pasado, a través del decreto 427/2021. Se trata de buscar conciliación y calmar las aguas en un año ajetreado.
Según el decreto, la Administración General de Puertos (AGP) tendrá la concesión de la operación para “el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado”, además del correspondiente control hidrológico de la hidrovía.