En la jornada de hoy comenzó a debatirse en plenario de comisiones del Senado de la Nación un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que busca regularizar la producción, distribución y comercialización de "Cannabis sativa" para uso medicinal, y del cáñamo para uso industrial.
La iniciativa fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Agricultura, Ganadería y Pesca y Seguridad Interior y Narcotráfico, que presiden los senadores Carlos Caserio, Adolfo Rodríguez Saá y Dalmacio Mera, respectivamente. Todos pertenecen al bloque del Frente de Todos.
El ministro de Producción, Matías Kulfas, participó del plenario y recalcó los beneficios para la economía del país, entre los que se destacan la creación de 10.000 puestos de trabajo de calidad, un mercado interno que moverá 500.000.000 de dólares, e ingresos por exportaciones de 50.000 de dólares.
El ministro también resaltó lo siguiente: "El espíritu de la ley es que haya prioridad para pymes, cooperativas y microemprendimientos, que la del cannabis sea una industria que nazca desconcentrada".
El mercado internacional para esta producción se encuentra en alza, pues viene creciendo de manera regular durante los últimos 20 años. El amplio desarrollo agrícola y la capacidad productiva del sector posicionan a nuestro país como uno de los más prometedores frente a este mercado.
Hoy por hoy, hay más de 80 iniciativas productivas y de investigación en 22 provincias argentinas vinculadas con la planta, que se ven truncadas con las limitaciones legales actuales (como la ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis). Esto deja a la vista que para avanzar (sobre todo con las investigaciones previas a la producción) es necesario un nuevo marco legislativo.
Justamente, es la legalización actual la que promueve la producción y comercialización en el mercado ilegal, ya que se imposibilita el control y la trazabilidad del producto, se favorece al narcotráfico, al mercado ilegal y se malgastan recursos del estado en el uso innecesario de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.
La opinión general de los legisladores que se encuentran más inclinados a la aprobación de la ley es la necesidad de creación de una agencia estatal que se encargue de regular estos emprendimientos, y de los posteriores controles, hasta llegar al consumidor. En este sentido, se realizarán modificaciones al proyecto de ley y se volverá a reunir al plenario el próximo viernes, en el que participarán fundaciones, expertos y varias ONG. Posteriormente, el lunes se emitirá el dictamen.