El Ministerio de Transporte de la Nación decidió no extender las concesiones ferroviarias de las líneas de carga Sarmiento, Mitre y Roca después de tres décadas con balances negativos; así, el Estado tomará el control de las operaciones.
Alexis Guerrera, titular de la cartera de Transporte, firmó la resolución que divide responsabilidades entre las empresas Trenes Argentinos Cargas —que quedará a cargo de las operaciones— y Trenes Argentinos Infraestructura —que se ocupará de la administración de la infraestructura ferroviaria y de la totalidad de los bienes—.
Argumentos
FerroExpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca se habían presentado ante el Ministerio para solicitar la prolongación del contrato. En la resolución, desde Transporte explicaron que las concesiones "arrojaron un balance negativo en términos de estado de la infraestructura", sobre velocidad y ramales perdidos.
Con base en un análisis de la Comisión Especial de Renegociación de Contratos (del mismo Ministerio en el que se basaron los fundamentos del rechazo), se llegó a la conclusión de que, para el desarrollo del sistema ferroviario —y según la experiencia recogida con Trenes Argentinos Cargas—, no deberían dividirse operaciones e infraestructura.
Los privados solo deberían ocuparse de las operaciones, fue la conclusión y motivo principal para no extender los contratos. Ir hacia una administración integral de la red. El objetivo, anunció Guerrera, es que sea una "transición hacia un modelo de uso abierto con participación público-privada".
Trenes Argentinos Cargas e Infraestructura comunicaron que los plazos necesarios para implementar un esquema de transición no son menores a diez meses. Hasta el 30 de junio de 2022, fecha en la que vence la concesión de Ferroexpreso Pampeano, se precisa que continúe la prestación privada del servicio para ultimar el plan de transición.