Horacio Rodríguez Larreta dejó más que claro cuál es su plan urbanístico. Rematar espacios verdes para los negocios inmobiliarios millonarios, sí; urbanizar los barrios populares, no.
El jefe de Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) estableció una serie de contrataciones por millones de dólares a consultoras en torno al Barrio Mugica. Aunque muchas de estas no se hicieron visibles, ni siquiera sus informes oficiales.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, hace diez días, desalojó a un grupo de mujeres, a niñas y a niños de la Villa 31. Sus casillas fueron desarmadas, algunas prendidas fuego; luego las pasaron por encima con una topadora.
De la boca para afuera, Larreta sostiene que su gestión avanza con la urbanización. Pero, en los actos, desde 2017 hay un préstamo de 170 millones de dólares; aunque recién este año se establecieron preadjudicaciones de obras por la mitad de lo transferido en 2021.
Apenas 1080 viviendas fueron construidas de las 12.000 en el barrio, precisamente, en el sector de mayor visibilidad. Todavía no se cuenta con tendido eléctrico y los cortes de agua, que ya eran habituales, se agravaron en durante la pandemia de coronavirus.
El año pasado, una vecina del barrio, Ramona Medina, había denunciado sistemáticamente la falta de agua corriente en la Villa 31. Ramona pagó con su vida el contagio del virus producto de no haber tenido agua corriente, vida que debería pesarles a Rodríguez Larreta y a Diego Santilli, hoy candidato a diputado nacional de Juntos por Provincia de Buenos Aires (PBA).
Alrededor de 80 mujeres y de 175 infancias ocuparon un basural desde julio hasta hace diez días. Estas personas pedían por un lugar digno para vivir, muchas denunciaban estar atravesando situaciones de violencia de género. Larreta, lejos de dialogar y mucho más lejos de solucionar, ordenó su desalojo mediante la policía de CABA.