En Argentina, abrir la canilla sigue siendo un acto cotidiano, pero ¿cuánto entendemos de lo que hay detrás? La posible privatización de AySA vuelve a encender un debate que ya quemó en los '90, cuando Aguas Argentinas demostró que gestionar lo esencial desde la lógica del negocio tiene costos que no siempre se ven en los balances, pero sí en los barrios, en la salud pública, en los silencios del Estado.
El agua no es sólo un recurso: es patrimonio emocional, ambiental, histórico y estratégico. Y sin soberanía hídrica, cualquier eficiencia prometida se evapora como gota bajo el sol. Argentina se enfrenta, una vez más, al dilema entre optimizar y proteger, entre delegar y cuidar.
Argumentos a favor de la privatización (aunque no tanto)
Eficiencia con riesgo de desconexión social: Se plantea que las empresas privadas pueden operar con mayor agilidad que el aparato estatal. Menos burocracia, más eficiencia. Pero esa velocidad suele ignorar los ritmos y realidades de quienes no miden su vida en Excel. ¿Optimización para quién, y a qué costo?
Capital privado: ¿inversión o condicionamiento? Quienes promueven la privatización argumentan que la financiación externa puede acelerar obras de infraestructura. Pero cuando el dinero viene con ROI como único idioma, los criterios sociales y ambientales quedan fuera de la ecuación. El agua como negocio transforma el mapa de prioridades.
Desahogo fiscal con impacto estratégico Transferir AySA a manos privadas puede parecer un alivio para las cuentas públicas. Pero descargar responsabilidades esenciales no las elimina: sólo cambia el actor. Y cuando ese actor responde a intereses privados, el Estado pierde mucho más que presupuesto. Pierde capacidad de decisión.
Tarifas realistas o realismo cruel: Se sostiene que una empresa privada puede eliminar subsidios y cobrar según el costo real del servicio. Pero eso implica que la lógica de mercado decida cuánto cuesta abrir la canilla. Y en un país desigual, eso no es eficiencia: es expulsión silenciosa.
Argumentos definitivamente en contra de la privatización
Tarifas que excluyen, accesos que se evaporan: La experiencia de los ’90 lo dejó claro: cuando el servicio se mercantiliza, el acceso se achica. El agua deja de ser derecho y se convierte en privilegio. Privatizar es ponerle precio a lo vital.
La calidad como variable descartable: Prometer inversión no garantiza compromiso. La tentación de reducir costos y priorizar ganancias puede dejar a millones con redes obsoletas y servicios degradados. La infraestructura no mejora por decreto: necesita visión pública y voluntad política.
Empleo evaporado en nombre de la eficiencia: La privatización implica ajustes. Y los ajustes muchas veces empiezan por personas. Despidos, tercerizaciones, precarización. El modelo de "menos es más" aplicado a quienes hacen posible el servicio puede dejar más heridas que mejoras.
Soberanía líquida en riesgo sólido: El agua es mucho más que un recurso: es geopolítica, ambiente, salud. Cuando su gestión se entrega, también se entrega capacidad estratégica del Estado. Privatizar el agua es ceder el volante de un vehículo que atraviesa toda la vida nacional.
Zonas que no cotizan, zonas que no existen: La lógica del mercado no contempla la equidad territorial. Las zonas menos rentables —rurales, vulnerables, periféricas— quedan fuera del mapa de inversión. Y con ellas, miles de argentinos que no valen lo suficiente para ser incluidos.
Juicios, cláusulas, y el boomerang del modelo: Los contratos privados vienen con letra chica. Y si se rompen, el que paga es el Estado. Aguas Argentinas ya lo mostró: cuando el modelo falla, la factura llega igual. Y no se paga con agua, se paga con deuda.
Cierre editorial: Cuando el agua revela el modelo de país
Privatizar AySA no es sólo una decisión técnica: es un espejo profundo sobre qué país queremos construir. Uno donde lo esencial se administra con visión pública, o uno donde los recursos vitales se negocian como activos financieros. No se trata de eficiencia a secas, sino de propósito compartido.
Porque si el agua puede convertirse en mercancía, ¿qué queda fuera del mercado? Salud, educación, ambiente, seguridad… ¿Cuánto más estamos dispuestos a tercerizar?
De cara a las elecciones, este debate trasciende lo hídrico: nos obliga a recordar los errores que ya nos costaron caro y a identificar los relatos que prometen modernidad, pero repiten la fragilidad del pasado. El modelo de los '90 no fue sólo económico: fue emocionalmente devastador. La revancha no debería venir disfrazada de eficiencia.
La soberanía empieza en lo invisible: en el derecho a abrir una canilla sin miedo a una factura imposible, en saber que un recurso estratégico no depende de la rentabilidad, sino del compromiso. El agua no se vota, pero sí se vota quién la cuida y quién la vende.
Este octubre, cada boleta será también una declaración sobre lo esencial. ¿Elegimos país o elegimos planilla de Excel?