Todo comenzó con más de 90 pedidos de informes por parte de la oposición, que demandaban conocer los detalles financieros de Boca. Aunque estos informes fueron ignorados y la Asamblea aprobó el balance con votos del oficialismo, el persistente Sergio Brignardello, representante de la minoría, no se dio por vencido y llevó el caso a la IGJ.
La resolución del organismo no tiene desperdicio: Boca recibe una sanción leve, un apercibimiento que podría escalar si siguen con estas prácticas. Pero aquí viene lo mejor: la IGJ obliga a Boca a elaborar un reglamento que garantice el derecho a la información de los socios. Este reglamento deberá ser aprobado en la asamblea y presentado a la IGJ.
Además, el club deberá responder a todas las preguntas de Brignardello, y la lista es larga: ¿cuántos socios tiene el club? ¿Son socios activos o adherentes? ¿Hay socios adherentes que pasaron a ser activos? ¿Cómo y cuándo? ¿Cuántos empleados tiene Boca? ¿Cuáles son los salarios del Consejo de Fútbol en calidad de contratados? ¿Qué montos manejan los acuerdos publicitarios?
Estas preguntas, que nunca fueron respondidas, son clave para la oposición y llevaron a un rechazo en la votación del balance en la Asamblea de octubre pasado. Ahora, Boca tiene la tarea de dar respuestas claras y completas.
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En definitiva, gracias a este fallo de la IGJ, los socios tendrán acceso a toda la información que merecen.