El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una entidad financiera mundial con sede en Washington cuyo negocio consiste en hacer préstamos millonarios con tasas de interés por las nubes. Así, los países endeudados sostienen una relación económica cuasi esclavista con el fondo.
A la deuda millonaria de cien años —contraída durante el gobierno de Mauricio Macri con el FMI en 2018— la paga el pueblo con sus impuestos y con sus pérdidas de poder adquisitivo. Pese a lo prometido por el expresidente, los préstamos trajeron deuda y sequía de inversiones.
La deuda a través de la cual Macri y sus amigos fugaron divisas se traduce en una suma inconmensurable de dinero que Argentina destina a pagar con intereses, lo cual implica menos presupuesto para salud, para educación y para infraestructura, por ejemplo.
Si no hubiera deuda con el FMI, todo ese caudal de pago podría invertirse en conectividad para asegurar las clases virtuales durante la pandemia, en más respiradores, en camas de terapia intensiva, en hospitales modulares, en subsidios para comedores comunitarios, entre otros recursos.
El FMI exige ajustes a los países para los cuales emite bonos. Tales consecuencias se ven en la pérdida de poder adquisitivo del salario, de la asignación o del plan social, los cuales se mantienen estáticos en contextos de tarifazos y de inflación profunda. En Argentina, a uno de esos ajustes lo pagaron jubiladas y jubilados con la reforma previsional, donde hubo una represión policial atroz para defender la medida.
Al tener por delante una deuda semejante, el país entra en un riesgo constante de caer en "default", es decir, de llegar a una situación financiera tan crítica que impida afrontar los pagos y las condiciones de esa deuda millonaria. Esto le quitaría legitimidad de cara a establecer acuerdos de comercio exterior o de necesitar nuevos préstamos.