Tras la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco como encargada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta entidad quedará sin mujeres en su composición. De esta manera, la jueza de 78 años deja de ser miembro del máximo tribunal.
Luego de haber enviado una carta al presidente Alberto Fernández, y tras haber permanecido 17 años en el cargo, el máximo tribunal argentino quedará con cuatro miembros y ninguna mujer.
Highton de Nolasco dirige, además, la Oficina de la Mujer de la Corte. Este espacio se creó en 2009, con el objetivo de desarrollar políticas de género para los usuarios del sistema de justicia y para empleados del Poder Judicial. Esta oficina también es la encargada de confeccionar el Registro Nacional de Femicidios y contiene a la Oficina de Violencia Doméstica.
¿Qué pasa luego de la renuncia de la jueza?
La designación de los ministros de la Corte es una atribución que le corresponde al presidente, con acuerdo del Senado, por dos tercios de sus miembros presentes.
De esta forma, el Decreto 222/03 establece algunos criterios para la selección del candidato propuesto: diversidades de género, especialidades profesionales e integración regional y federal, requisitos atinentes a la integridad moral e idoneidad técnica y compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que deben reunir los postulantes.
Asimismo, una vez que se produce una vacante, en un lapso de 30 días se publica en el Boletín Oficial y, en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, debe mostrarse el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia.
¿Cuáles son los requisitos para ser juez de la Corte?
Para ocupar este lugar, es necesario ser abogado y contar con un mínimo de ocho años de profesión ejercida, una edad mínima de 30 años y distintas aptitudes y cualidades que se evaluarán al momento de la elección.
Es preciso que el postulante presente una declaración jurada de sus bienes en los términos indicados en la ley de Ética de la Función Pública (ley 25.188). También, manifestará algunos aspectos de su desempeño profesional con las limitaciones que imponen las normas de ética vigentes.
En este sentido, deberá adjuntar otra declaración donde se incluye la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen y la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho años.
También, debe detallarse cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, como actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, con el objetivo de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.