Las organizaciones Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la UTEP Agraria plantearon su apoyo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con una postura de prorrogar la ley que releva los territorios de comunidades indígenas.
La organización campesina MOCASE comunicó su pedido de prórroga de la ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas para saldar la deuda histórica del Estado hacia los Pueblos Originarios.
Esta ley, encarnada en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional Argentina, permite relevamientos territoriales que reconocen la existencia y protege a las comunidades indígenas, además de la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan tradicionalmente.
La doctora Magdalena Obarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), gestiona con la convicción de hacer cumplir laLey 26.160 y así proteger a los pueblos originarios de los intereses económicos de los grandes terratenientes usurpadores sobre las tierras ancestrales.
Además, desde el INAI, se repudió a un sector del empresariado y sus correspondientes abogadas y abogados que atacan, sistemáticamente, esta política pública y que han atentado, históricamente, contra los derechos de los pueblos originarios, al impedir su emancipación, o cometer y/o avalar genocidios.
Una muestra reciente del odio hacia las comunidades indígenas fue el Foro Consenso Bariloche. El evento conglomeró a personas de la Sociedad Rural Argentina, a abogados y a abogadas de grandes terratenientes y empresarios, políticos y personalidades que marcaron su clara posición contra los derechos de los pueblos originarios.