A menudo, en divorcios o separaciones conflictivas, uno de los progenitores puede intentar desvincular al otro de los hijos, utilizando acusaciones graves como abuso sexual como una herramienta. Esto es una forma de violencia vicaria, donde se utiliza a los hijos para dañar al otro progenitor. Los niños, por su vulnerabilidad y dependencia, pueden ser fácilmente manipulados por un adulto significativo (padre, madre o incluso otros familiares) para decir o creer cosas que no son ciertas. Esto se conoce como alienación parental, y tiene consecuencias psicológicas devastadoras para los menores.
Si bien es fundamental escuchar y proteger a los niños, en algunos casos, el sistema puede fallar al no aplicar un análisis crítico y peritajes adecuados para discernir si un testimonio es genuino o inducido. La presunción de inocencia, pilar de la justicia, a veces se ve comprometida. Las investigaciones pueden ser deficientes, no recolectar todas las pruebas necesarias o no considerar otras hipótesis, llevando a detenciones preventivas prolongadas y basándose únicamente en testimonios de niños manipulados. No todos los operadores judiciales (jueces, fiscales, peritos) están suficientemente capacitados para identificar la manipulación o la alienación parental, o para manejar casos complejos de abuso infantil donde las dinámicas familiares son patológicas.
Una vez que se prueba la inocencia, la reparación del daño (personal, laboral, social, emocional) para la víctima de una falsa acusación es extremadamente difícil y lenta, si es que llega.
El caso de Pablo Ghisoni, y muchos otros lamentablemente, ponen en evidencia las profundas fallas y desafíos del sistema judicial, y la urgente necesidad de reformas estructurales. No se trata de casos aislados, sino de síntomas de problemas sistémicos.
En casos sensibles (como las denuncias de abuso sexual, especialmente si involucran a menores o figuras mediáticas), a menudo se observa una tendencia a la condena mediática y social antes incluso de que la justicia actúe. La prisión preventiva se aplica de forma excesiva, sin considerar alternativas, y las personas pueden pasar años privadas de su libertad sin una sentencia firme.
Asegurar que la detención y la prisión preventiva sean medidas de última instancia, aplicadas solo cuando sean estrictamente necesarias y proporcionadas, y no como castigo anticipado. Capacitar a la policía y a los fiscales para realizar investigaciones exhaustivas, objetivas y libres de sesgos, reuniendo todas las pruebas pertinentes antes de imputar a alguien.